Agencia Nacional de Salud Suplementaria

La Agencia Nacional de Salud Suplementaria (ANS), es la agencia reguladora del Gobierno Federal vinculada al Ministerio de la Salud que actúa en todo el territorio nacional con el objeto de regular, normalizar, controlar y fiscalizar el sector de los planes privados de asistencia en salud que operan en Brasil. Fue creada por la Ley Nº 9.961 de 2000, cuyo texto define sus competencias.

El marco regulatorio del sector consta en esta Ley y la Ley Nº 9.656, de 1998, que dispone sobre la reglamentación de los planes y seguros privados de asistencia en salud.

La ANS es una autarquía regida por un régimen especial, caracterizada por su autonomía administrativa, financiera, patrimonial y de gestión de los recursos humanos, así como su autonomía en la toma de decisiones técnicas y el mandato fijo de sus dirigentes. Su objeto institución es promover la defensa del interés público en la asistencia suplementaria a la salud, regular a las operadoras sectoriales - incluso en lo que atañe a su relación con prestadores y consumidores - y contribuir en pro del desarrollo de acciones inherentes a la salud en el país. Con su matríz en Rio de Janeiro, actualmente cuenta con 12 Unidades Descentralizadas en los estados de Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul y São Paulo.


Aparición y expansión del mercado

El desarrollo de la industria en Brasil a partir de los años 1950, especialmente la automovilística, y el desplazamiento de la economía del sector agrario a los centros urbanos, - ejercieron gran influencia sobre la organización de la atención prestada por los planes privados de salud. Inspirados primordialmente en la experiencia estadounidense, empresarios extranjeros organizaron una asistencia médica y hospitalaria con los prestadores de dichos servicios orientada específicamente a sus empleados. Motivada también por la capitalización de la medicina, esta medida fortaleció al sector privado dedicado a prestar servicios en salud. Los profesionales en salud y prestadores de servicios del ramo identificaron la oportunidad de ofrecer a una porción de la población de las regiones urbanas e industrializadas, con pleno vínculo laboral en las industrias de transformación, metalurgia y química, la posibilidad de acceder servicios en salud. Estos factores estimularon la acreditación de servicios privados de salud, y contribuyeron a expandir el mercado, especialmente de empresas de medicina de grupo y cooperativas médicas. Dicha expansión se produjo sin que existiese una reglamentación específica para esta modalidad de asistencia en salud.

Hasta la década de 1980, los planes de salud se orientaban a los trabajadores del mercado formal. A partir de la segunda mitad de los años 80, las operadoras de planes en salud expandieron sus negocios ofreciendo cobertura a clientes individuales. En 1988, la Constitución Federal estableció el derecho social a la salud, la universalización de la asistencia y la conformación de un sistema de salud único (reglamentado por la Ley Nº 8.080/90). El sector de salud suplementaria no se encuentra mencionado específicamente en la Constitución. A fines de la misma década, se observó un significativo crecimiento de este mercado, en respuesta a las frecuentes y cada vez más persistentes quejas sobre la falta de cumplimiento de las reglas del contrato. Fue en este contexto que la reglamentación de los planes de salud entró en la pauta del sociedad y del Gobierno. La promulgación de la Ley del Código de Defensa del Consumidor (Nº 8.078/90) ejerció fuerte influencia sobre los acontecimientos a lo largo de los años 1990 en el mercado de planes privados. Los derechos garantizados por el Código, respaldaron fuertemente importantes soluciones para los problemas existente entre los beneficiarios y las operadoras de planes de salud.


Inicio de la regulación

A comienzos de los años 1990, los puntos focales del debate sobre los planes de salud abarcaban la elaboración de normas de solvencia para las operadores de planes de salud, la apertura del sector al capital extranjero, y las reivindicación de ampliar la cobertura y control de precios, defendidos por las entidades médicas y de defensa del consumidor. La demanda por una regulación gubernamental contenía diversos temas, representados por distintos actores e intereses, cuyo debate resultó en la aprobación de la Ley Nº 9.656 de junio de 1998, que dispone sobre los planes y seguros privados de asistencia en salud. Hasta ese entonces, las empresas de planes de salud estaban sujetas a un control gubernamental irrisorio, con la excepción de las aseguradoras que estaban normalizadas por el Ministerio de Hacienda (SUSEP/MF). La creación del Departamento de Salud Suplementaria (DESAS) en el Ministerio de Salud en 1998, fue el primer paso para dado para regular el mercado de planes privados en salud.

La reglamentación de la Ley Nº 9.656 de 1998 introdujo importantes cambios, especialmente cuanto a: la obligación de brindar una oferta con amplia cobertura de los servicios en salud, incluyendo la asistencia a todas las patologías de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CID-10), asistencia siquiátrica y transplantes de riñón y córnea, y la prohibición del límite de tiempo y el número de internaciones y procedimientos. También se definieron reglas para los casos de beneficiarios despedidos de su empleo, jubilados y portadores de enfermedades o lesiones preexistentes antes de adquirir el plan, tiempo máximo de carencia, atención de urgencia y emergencia y rescisión del contrato por parte de la operadora. La reglamentación también introdujo parámetros para la sustentabilidad económica de las operadoras (reservas técnicas y provisiones financieras). En lo que atañe al reajuste de las mensualidades, la reglamentación trató de manera distinta a los planes individuales y los colectivos: el índice del primero está definido por la ANS, mientras que los planes colectivos se basan en una libre negociación entre las partes, que comunican posteriormente a la ANS. Esa diferencia en la legislación presupone el poder de negociación que las empresas, asociaciones y sindicatos (personas jurídicas) tendrían al contratar planes, en función al número de beneficiarios vinculados.


Situación actual

En Brasil, el sector de planes de salud está formado por planes públicos y privados. Según la Encuesta Nacional por Muestra Domiciliaria – PNAD/IBGE 2008 - los planes públicos representan cerca de 21% de los planes y están vinculados a instituciones patronales de asistencia al servidor público civil y militar, sin ser reguladas por la ANS. Los planes privados son ofrecidos por las operadoras comerciales e instituciones con planes de autogestión de salud, debidamente reguladas por la ANS, abarcando 79% de este sector.

En lo que respecta a la red de prestadores de servicios en salud, puede identificarse la existencia de sobreposición entre los sectores público y privado (vinculado a las operadoras) en la prestación de asistencia. Dicha sobreposición ocurre tanto cuando comparamos el universo de prestadores que atienden al Sistema Único de Salud (SUS) con el universo de prestadores contratados por las operadoras, como cuando consideramos los distintos conjuntos de prestadores contratados por cada operadora.

La elaboración de normativas en el sector de salud suplementaria ha sido administrada con la participación de la sociedad, mediante la discusión previa de las propuestas con representantes de todos los segmentos. De esta forma, el sector adquiere más estabilidad y previsibilidad.

Es importante observar que la legislación brasileña no establece restricciones al capital extranjero cuanto al control societario de las operadoras de planos de salud.


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